Os presentamos un nuevo FEUSO INFORMA LA RIOJA dedicado a la publicación en el BOR de los presupuestos regionales, con las principales novedades existentes para los centros concertados y su personal laboral.

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FEUSO INFORMA LA RIOJA 20170403

Los Servicios Jurídicos de USOC han ganado una importante sentencia en el Tribunal Supremo sobre recargo de prestaciones tras un accidente de trabajo por falta de medidas preventivas. En este caso, el Supremo confirma el recargo de prestaciones inicialmente impuesto, que deberá abonar la empresa a la viuda del trabajador. Recordamos que en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, la prestación de viudedad se aumentará, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50% cuando la lesión se produzca por falta de medidas de prevención de riesgos laborales.

Tras el fallecimiento de un trabajador que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en su centro de trabajo, la empresa presentó demanda al Juzgado de lo Social contra el INSS, TGSS y la viuda del trabajador accidentado, por el recargo de prestaciones que se le había impuesto, que fueron desestimadas. La resolución del Juzgado de lo Social fue recurrida al TSJ de Cataluña, que confirmó la sentencia inicial. Después, se formalizó recurso de casación para la unificación de doctrina.

El trabajador fallecido se encontraba realizando tareas de mantenimiento (cruzando un falso techo) cuando sufrió una caída desde una altura de 4 metros. A la empresa se le imputó no haber proporcionado equipos de protección individual y no velar por el uso efectivo de los mismos. Por su parte, la empresa alegó que el trabajador no utilizó los equipos de protección individual de que disponía y que, además, en el momento del accidente, registraba una tasa de alcohol en sangre de 0.79g/l-0.05g/l. El Tribunal entiende que la empresa no cumplió con la obligación de velar para que los equipos se utilizaran en debida forma y que el accidente no se produjo a consecuencia de una negligencia temeraria del trabajador, porque se ha constatado un incumplimiento en la adopción de medidas preventivas por parte de la empresa. Además, el resultado de la concentración en sangre de alcohol etílico no produce efectos suficientes para apreciar imprudencia temeraria por parte del trabajador.

El Tribunal Supremo entiende ajustada a derecho la imposición del recargo por entender que queda acreditado que la empresa no proporcionó medida colectiva ni medida de protección individual efectiva, y se produjo por tanto una infracción de la normativa de PRL, existiendo relación de causalidad entre las medidas preventivas y el daño causado, pues de haberse adoptado las medidas preventivas el daño no se hubiera producido.

Durante el mes de enero de 2017, se produjeron 41.901 accidentes de trabajo con baja, de los que 36.272 se produjeron durante la jornada laboral y 5.629 fueron in itinere. También, se notificaron 49.878 accidentes sin baja en ese mismo mes. Si comparamos estos datos con los registrados en enero de 2016, podemos afirmar que 2017 ha arrancado con un aumento de la siniestralidad laboral, puesto que los accidentes con baja se han incrementado un 14% mientras que los que accidentes sin baja lo han hecho en un 7%. Tenemos que lamentar 35 accidentes mortales en jornada de trabajo y 7 in itinere.

Durante el primer mes del año, nuevamente, los accidentes que no causan baja superan a aquellos que sí lo hacen, en la línea de lo que viene sucediendo los últimos años, y que también ocurre con las enfermedades profesionales.

Los datos globales del año 2016 tampoco son positivos: 555.722 accidentes de trabajo con baja, un 5% más que los ocurridos en 2015, de los cuales 480.051 ocurrieron durante la jornada laboral (un 4,8% más) y 75.671 fueron accidentes in itinere, que aumentaron un 6,2%. Las muertes por accidente de trabajo se redujeron un 3,5% con respecto a 2015, aunque 607 personas perdieron su vida en el trabajo o en el trayecto de ida y vuelta del mismo.

La precarización de las condiciones laborales y el recorte radical de la inversión en materia de prevención están provocando el incremento imparable de la siniestralidad laboral en nuestro país. Mientras, las reformas en las competencias y facultades de las Mutuas dificultan el acceso al derecho a la incapacidad temporal en caso de accidente o enfermedad profesional, lo que provoca que los accidentes sin baja superen de nuevo a los que sí la causan.

Por ello desde USO, tercer sindicato a nivel estatal, continuamos reivindicando la necesidad de que las empresas inviertan en prevención así como la labor del delegado de prevención, para que éstos exijan unas adecuadas y seguras condiciones de trabajo.

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

De cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer, desde la Secretaría de Acción Sindical e Igualdad se pone en marcha la campaña #USOdenuncia La Igualdad no es una prioridad, con la finalidad de denunciar que la inversión y las políticas de igualdad han sido y siguen siendo una de las principales víctimas de la crisis y que, a pesar de los discursos y de la toma de posesión del nuevo Gobierno, hace ya casi cuatro meses, la Igualdad sigue sin estar presente en la agenda política y empresarial.

En 2017, la campaña para conmemorar el 8 de marzo, está enfocada a denunciar los recortes en esta materia, la ausencia de políticas de igualdad de oportunidades, la precariedad laboral de las mujeres, el desempleo femenino y la brecha salarial.

Nuestro sindicato continúa con la lucha sindical para que la igualdad sea una prioridad en el diseño de políticas y en la inversión para que se lleven a cabo; para que sea una prioridad en el ámbito laboral a través de la negociación y la participación de las mujeres en la representación sindical en los centros de trabajo; para que se ponga el foco en la necesidad de una educación para la igualdad; en que la erradicación de la violencia machista sea un asunto de estado. En definitiva, en conseguir una sociedad más justa y mejor.

Santiago Manuel Oliveros Lapuerta, Administrador Concursal en los autos del Procedimiento  Concursal de la Empresa UNIPAPEL SLU ha solicitado en el día de hoy al Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid la extinción colectiva de los contratos de trabajo de los 293 trabajadores de la empresa, para  sus tres centros de trabajo, Madrid, Aduna y Logroño.  En el mismo auto solicita al Juzgado acuerde convocar el periodo de consultas entre los representantes de los trabajadores y  la administración concursal.

Actualmente la plantilla se encuentra percibiendo desde julio el cobro de prestaciones por parte del Servicio Público de Empleo.

Desde USO entendemos que desde julio hasta este momento no se ha actuado suficientemente en pro de solucionar la situación de la empresa, lo que ha llevado en este momento a los 293 trabajadores a estar en la calle, por lo que adelantamos que con toda  probabilidad el periodo de consultas termine sin acuerdo por nuestra parte.

No obstante quedamos a la espera de las reuniones que en los próximos días se han de dar en ese periodo de consultas y mantendremos en todo momento informados a los trabajadores y a la opinión pública del resultado de las mismas.

  • Importante sentencia ganada a la empresa DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.) en materia de conciliación de la vida laboral 

Una trabajadora, afiliada de USO La Rioja, interpuso demanda de conciliación de la vida familiar y laboral contra la empresa DIA en abril de 2016 tras serle negado el derecho de continuar disfrutando en los mismos términos, es decir, los mismos días y con el mismo horario de trabajo,  la prórroga de su reducción de jornada por guarda legal, considerando la empresa que estaba solicitando un nuevo derecho y por tanto, las condiciones de disfrute podían ser modificadas, como así lo hizo en un primer momento.

El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores en sus puntos 6 y 7, reconocía en 2009, cuando la trabajadora solicitó el disfrute, el derecho a la reducción de la jornada de trabajo y la concreción horaria a quienes tuvieran a su cuidado directo algún menor de ocho años. Estos artículos son modificados en 2015, ampliando a los 12 años el disfrute del mismo derecho.

Ante la demanda presentada, el Juzgado de lo Social nº 2 de Logroño, en sentencia del día 13 de febrero de 2017, reconoce a la trabajadora el derecho a continuar la reducción de jornada por guarda legal solicitada en el año 2009  en los mismos términos en que la venía disfrutando hasta que el menor cumpla los 12 años. Para la Jueza, no se está ejerciendo un nuevo derecho sino una prórroga del que ya venía disfrutando. Contra la sentencia emitida no cabe recurso alguno, por lo que es firme.

USO La Rioja considera muy positiva la sentencia ya que, tras la modificación de la legislación en 2015, se abre así el camino para muchas trabajadoras y trabajadores que estaban teniendo problemas en sus empresas para que se les siguiera reconociendo este derecho ampliado hasta los 12 años en las mismas condiciones en que se venía disfrutando. Así, desde USO La Rioja instamos a los Juzgados de lo Social a aplicar este mismo criterio en los autos pendientes de juicio.

El Juzgado de lo Social Nº33 de Barcelona ha declarado nulo el despido de un trabajador que se encontraba en situación de Incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo. Dicho trabajador fue contratado a tiempo parcial en Abril de 2014 por 3 meses, contrato que fue prorrogado posteriormente otros 9 meses, además de ampliado a tiempo completo. Los problemas comienzan cuando el día 3 de Octubre el trabajador se resbala en la cocina, iniciando un proceso de incapacidad temporal.

El 26 de noviembre recibe la comunicación de su despido disciplinario. En otros casos, el Tribunal Supremo ha considerado el despido durante la baja como improcedente, pero no como nulo. Sin embargo el Juzgado donde el trabajador presentó la demanda planteó al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea varias cuestiones sobre el despido del trabajador, entre ellas la siguiente: “¿Entraría en el concepto de “discriminación directa por discapacidad” —como motivo de discriminación contemplado en los artículos 1, 2 y 3 de la Directiva 2000/78— la decisión empresarial de despedir a un trabajador, hasta aquel momento bien conceptuado profesionalmente, por el solo hecho de estar en situación de incapacidad temporal —de duración incierta— por causa de un accidente laboral?”

La interesante respuesta del Tribunal Europeo a esta cuestión ha sido que según dicha Directiva 2000/78 el juzgado es el que debe comprobar si la discapacidad es efectivamente duradera en el tiempo, puesto que de ser así, el despido será nulo según el ordenamiento legal europeo. Para determinar si la incapacidad temporal puede ser considerada como duradera el juzgado de basarse en todos los elementos objetivos de que disponga, como documentos y certificados relativos al estado de salud del afectado.

En base a ello, el Juzgado de lo Social Nº33 de Barcelona ha fallado estimando íntegramente la demanda interpuesta por el trabajador, declarando la nulidad del despido, por considerar que constituye una discriminación por razón de discapacidad. Esto implica la readmisión inmediata, efectuando además las adaptaciones necesarias al estado de salud del trabajador. Además de condenar a la empresa al pago de la indemnización resarcitoria de 6.251€ por daños morales, y 2.841,56€ por daños materiales.

Desde la USO, valoramos muy positivamente que se proteja a los trabajadores de ser despedidos por su estado de salud, y esperamos que comiencen a darse más resoluciones judiciales en esta línea, frente a la persecución que se ha venido produciendo en los últimos años a la Incapacidad temporal y al derecho a la recuperación de la salud, tanto por parte del Gobierno, que ha otorgado a las Mutuas casi plenas facultades de control, como por parte éstas y las patronales.

En este 22 de febrero, día por la Igualdad Salarial, la USO recuerda que en España las mujeres siguen sobreviviendo con menos ingresos que los hombres. La brecha salarial entre mujeres y hombres se situó en 2014 en el 14%.

Si se ajusta más la brecha en función de otras variables seguimos teniendo diferencias salariales que dejan de tener explicación, como puede ser el tipo de contrato, jornada, formación, experiencia. Esa es la parte de la brecha que sigue sin explicación.

En 2012 la ganancia media anual fue de 25.682,05€ para los hombres y de 19.537,33€ para las mujeres, lo que suponía que las mujeres ganaban 6.144,72€ menos. Los datos de la última encuesta de Estructura Salarial publicada por el INE, en 2014 el salario medio anual de los hombres fue de 25.727,24 euros, y el de las mujeres 19.744,82, lo que ha acortado la diferencia a 5.982,42€. A pesar de esa pequeña reducción de 162,3 euros, las mujeres siguen percibiendo sueldos que son un 23,3% inferiores al de los hombres.

La ganancia media anual femenina en 2014 fue del 76,7% respecto de la ganancia media masculina, esta diferencia se matiza si se consideran situaciones similares respecto a variables como tipo de contrato, jornada, ocupación, antigüedad, etc. No obstante, la desigualdad de la distribución salarial entre sexos es apreciable, teniendo en cuenta que en 2008 la ganancia media femenina representaba el 78,1% respecto a la masculina. Por tanto, no estamos en condiciones de felicitarnos en la evolución.

Las mujeres siguen teniendo unas retribuciones inferiores a los hombres en todas las ocupaciones. La mayor diferencia se dio en el grupo Directores y Gerentes, y la menor en las Ocupaciones elementales, y siguen ocupando un porcentaje mayor de empleos a tiempo parcial.

En un momento en que aún está en el aire el acuerdo sobre subida salarial para este 2017, en que la economía española crece a un ritmo del 3% y ha llegado el momento de reflejar esa cierta recuperación económica en los sueldos de los trabajadores, también es hora de asumir la desigualdad salarial como un grave problema y apostar por leyes que blinden la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, así como que se pongan en marcha medidas efectivas de conciliación y corresponsabilidad en igualdad de condiciones para que las mujeres dejen de ser penalizadas en el ámbito laboral.

“Si tengo que contratar a alguien, prefiero a una persona que no vaya a estar 16 semanas de baja por que quiera ser madre”; “es imposible que se pague menos a una mujer que a un hombre, eso en mi empresa no pasa”, son algunos argumentos que oímos día a día. ¿Qué se puede hacer? Apostar por políticas de empleo que tengan en cuenta la perspectiva de género para que el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea además de un derecho, un hecho. Volver a dar importancia a las políticas de igualdad en España, las cuales dejaron de ser prioridad hace muchos años. Abolir la reforma laboral que, no ha generado empleo de calidad, sino que ha conseguido la precarización total. Apoyar y promover medidas de corresponsabilidad porque hoy en día, las medidas de conciliación de las empresas, excedencias y reducciones de jornada tienen rostro de mujer en más de un 90%. Apoyemos los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e intransferibles. Acabar con la segregación horizontal y vertical del trabajo y apostar por la transparencia salarial.

Para la USO la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres está muy presente en nuestros objetivos dentro la lucha sindical, defendiéndola en las negociaciones de convenios, en la firma de acuerdos empresariales y en la negociación y seguimiento de los planes de igualdad. Seguimos apostando por una sociedad en la que la igualdad entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos, sea una realidad.

USO LA RIOJA DENUNCIA QUE FER, UGT Y CCOO ABOGAN POR UNA PAZ LABORAL CON TAPUJOS, Y MUCHO DINERO PARA SUS MALTRECHAS ARCAS.

 

USO La Rioja vuelve a incidir en la indecencia de los tres agentes sociales beneficiados de la privatización de la Fundación Tribunal Laboral de Mediación, Conciliación y Arbitraje de La Rioja. Ayer dieron una rueda de prensa, en la que curiosamente no estaba el que pone el dinero, que no es otro que el Gobierno Regional, que también es miembro del patronato de la Fundación. ¿Por qué no aparece ningún representante público?, pues es fácil pensar que no aparecen porque no consideran como algo propio a la Fundación, ésta únicamente consiste en un gasto más que hay que tener para lograr la mal llamada “paz social”. Eso sí, un gasto muy cuantioso, nada de gratuito como manifestaron ayer los presentes en la rueda de prensa, concretamente llevamos gastados más de 6 millones de euros de todos los riojanos para un servicio que ya es ofrecido por la administración regional a través del UMAC.  En este caso, ninguno de los agentes beneficiados denuncia la privatización de un servicio público que ya existía y existe, y que sigue siendo eficaz y mucho más utilizado que el oneroso Tribunal Laboral.

Desde USO La Rioja seguimos pensando que el Gobierno Regional se equivoca manteniendo económicamente las colosales y obsoletas estructuras de esos agentes sociales, y que aun así parece ser que no consiguen llegar a fin de mes y afrontar sus obligaciones con sus propios trabajadores. ¿Cuántos millones de euros nos van a suponer a los riojanos el sectario diálogo social? Por el momento, en el borrador de la Ley de Presupuestos, otro medio millón de euros para los tres agentes. Lamentable e irritante.