• Los dos sindicatos hemos vuelto a concentrarnos para denunciar la injusta Ley del Diálogo Social aprobada recientemente por el Parlamento regional
  • Hemos solicitado al Presidente riojano, a través de un escrito, amplia información sobre entidades privadas que se financian con dinero público

La USO La Rioja y CSIF  nos hemos concentrado este viernes 22 de abril frente al Palacete del Gobierno regional para mostrar nuestro rechazo a la Ley de impulso y consolidación  del diálogo social en La Rioja que fue  aprobada el pasado 31 de marzo en el Parlamento riojano y que deja fuera del diálogo y de la negociación a más de un 30% de los representantes sindicales de nuestra Comunidad autónoma e impiden que un tercio de los trabajadores de esta región puedan tener voz o voto en las mesas del diálogo social.

A pesar del propio enunciado de esta ley, la misma no promueve la participación ni el diálogo sino que la cierra y lo blinda, única y exclusivamente, a los de siempre: los sindicatos del «bipartidismo» y la Federación de Empresarios  de La Rioja.

Con esta Ley, nunca, ningún otro sindicato ni patronal podrían entrar a participar del mal llamado diálogo social. El motivo es claro, sólo da opción a participar al “bisindicalismo”.

Creemos que la citada Ley “vulnera los derechos y libertades de gran parte de los trabajadores de la sociedad riojana a los cuales representan la USO, la CSIF y otras organizaciones, discriminándonos descaradamente”

USO y CSIF hemos vuelto al Palacete del Gobierno regional, bajo el lema «NO A LOS CORRALITOS» para denunciar una ley que perpetúa el modelo del «bisindicalimo» con la complicidad de los grandes partidos políticos, también instalados en el bipartidismo.

Durante la concentración los máximos dirigentes en La Rioja de ambos sindicatos, Javier Martínez (USO) y Jesús Vicente Hernández (CSIF)  han registrado un escrito dirigido al Presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, solicitando amplia información de la propia Ley de impulso y consolidación del diálogo social en La Rioja; de la Fundación Laboral de la Construcción; del Tribunal Laboral de La Rioja y del plan de empleo 2011-2015. Ya que dichas instituciones de carácter privado se financian con dinero público, algo que han denunciado ambos sindicatos, exigiendo máxima transparencia en todas estas entidades privadas.

Por poner un ejemplo, no nos explicamos como una organización privada como es el Tribunal Laboral con un presupuesto de 125.270,00 euros en 2014, recibiese ese mismo año  141.075 por un convenio de colaboración y 124.599 por una subvención  nominativa. Es decir, 265.000 euros de dinero público para desarrollar actividades que le son propias y deberían financiarse de manera privada, dado que el Gobierno de La Rioja ya dispone de un organismo, la UMAC que se encarga de ello.

Seguiremos con movilizaciones para corregir una normativa tan injusta y excluyente sin descartar recurrir al Constitucional.